Reglamento bruselas i bis

Reglamento bruselas i 2001

El Reglamento de Bruselas I contiene un régimen jurisdiccional: las normas que los tribunales de los Estados miembros de la Unión Europea utilizan para determinar si son competentes en casos con vínculos con más de un país de la Unión Europea. El principio básico es que el tribunal del Estado miembro de la parte que es demandada es competente, mientras que existen otros motivos, que son diversos en cuanto a su contenido y alcance, y que a menudo se clasifican en orden descendente de exclusividad y especificidad[1] El Reglamento de Bruselas original (44/2001) es, en lo que respecta a las normas de competencia, muy similar al Convenio de Lugano de 2007 (que se aplica cuando el litigio tiene vínculos con más de una parte el convenio), conteniendo las mismas disposiciones con la misma numeración. La numeración y algunas cuestiones sustanciales son diferentes en la versión refundida del Reglamento de 2012, que se aplica desde el 1 de enero de 2015 (1215/2012).

El principio general del Reglamento es que las personas sólo deben ser demandadas en su Estado miembro de domicilio. El domicilio en el marco del Reglamento no es equivalente a la doctrina del derecho anglosajón del domicilio, sino que se refiere a la residencia habitual u ordinaria de una persona.

Bruselas ii bis

Imagínese que ha comprado un regalo de Navidad para un amigo y que se lo envía una empresa de Europa. Llega y no es lo que usted pidió, y acaba teniendo un litigio con la empresa que se lo vendió.

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Las normas consensuadas sobre la competencia judicial y el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil garantizan la protección y el acceso a la justicia de quienes participan en el comercio y las transacciones transfronterizas, independientemente de sus recursos financieros.

Estas normas son las que más benefician a los particulares, los consumidores y las pequeñas y medianas empresas (PYME), y los efectos de no tener acceso a mecanismos eficaces de ejecución de sentencias se dejan sentir a ambos lados de la frontera que surge entre la UE y el Reino Unido.

Llegar a un acuerdo en este ámbito garantiza la claridad sobre el tribunal al que deben recurrir las personas que buscan reparación y proporciona a todos los implicados la seguridad de que la sentencia tiene efectos más amplios y no solo en su propio país.

El 8 de abril de 2020, el gobierno del Reino Unido presentó formalmente una solicitud para adherirse al Convenio de Lugano y continuar con su participación una vez finalizado el periodo transitorio tras su retirada de la UE.

Reglamento refundido de bruselas brexit

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El 21 de abril de 2009, la Comisión adoptó un informe sobre la aplicación del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (3). El informe concluye que, en general, el funcionamiento de dicho Reglamento es satisfactorio, pero que es conveniente mejorar la aplicación de algunas de sus disposiciones, para facilitar aún más la libre circulación de las resoluciones judiciales y mejorar el acceso a la justicia. Dado que deben introducirse varias modificaciones en dicho Reglamento, conviene, en aras de la claridad, proceder a su refundición.

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En su reunión de Bruselas de los días 10 y 11 de diciembre de 2009, el Consejo Europeo adoptó un nuevo programa plurianual titulado “Programa de Estocolmo: una Europa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano” (4). En el Programa de Estocolmo, el Consejo Europeo consideró que el proceso de supresión de todas las medidas intermedias (el exequátur) debía continuar durante el período cubierto por dicho Programa. Al mismo tiempo, la supresión del exequátur debería ir acompañada de una serie de garantías.

Reglamento refundido de bruselas

A modo de recordatorio, en el trasfondo de este asunto se encuentra un litigio contractual sobre el pago de combustibles suministrados por empresas a una organización internacional, en el marco de una operación militar llevada a cabo por esta última.

A continuación, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 24, apartado 5, del Reglamento Bruselas I bis debe interpretarse en el sentido de que la acción de medidas provisionales es competencia exclusiva de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que se ejecutó la orden de embargo provisional.

En relación con la cuestión de la aplicabilidad/ámbito de aplicación del Reglamento Bruselas I bis, el Tribunal de Justicia comienza su análisis afirmando, en el apartado 54 de la sentencia, que las medidas cautelares en cuestión deben considerarse “medidas provisionales” en el sentido del artículo 35 del Reglamento. La inclusión de estas medidas en el ámbito de aplicación del Reglamento viene determinada por la naturaleza de los derechos que sirven para proteger.

Por último, en el apartado 74, el Tribunal de Justicia indica que el hecho de que una organización internacional invoque la inmunidad de ejecución en apoyo de su acción de medidas provisionales no se opone al examen por el tribunal de su competencia internacional en virtud del Reglamento Bruselas I bis. Para el Tribunal de Justicia, la cuestión de si dicha inmunidad es un obstáculo para que el órgano jurisdiccional al que se ha presentado la demanda sea competente para conocer de ella se plantea en una fase posterior, una vez que se ha determinado la competencia internacional de dicho órgano jurisdiccional.