Sentencia tjue vencimiento anticipado 2018

comisión v polonia c-619/18

El PSPP forma parte del Programa Ampliado de Compra de Activos (EAPP), un programa marco del Eurosistema para la compra de activos en los mercados financieros. Tal como se expone en el razonamiento comunicado por el BCE, el EAPP tiene por objeto aumentar la oferta monetaria y pretende apoyar el consumo y el gasto de inversión en la zona del euro y, en última instancia, contribuir a alcanzar un objetivo de inflación de niveles inferiores, aunque próximos, al 2%. El BCE puso en marcha el PSPP con su decisión de 4 de marzo de 2015, que posteriormente fue modificada por cinco decisiones posteriores. En el marco del PSPP, los bancos centrales del Eurosistema -con sujeción al marco establecido en detalle en las decisiones del BCE- adquieren bonos del Estado u otros valores de renta fija negociables emitidos por las administraciones centrales de los Estados miembros de la zona del euro, por «organismos reconocidos» y organizaciones internacionales o por bancos multilaterales de desarrollo situados en la zona del euro. El PSPP representa la mayor parte del volumen total del EAPP. A 8 de noviembre de 2019, el valor total de los valores adquiridos en el marco del EAPP por el Eurosistema ascendía a 2.557.800 millones de euros, incluidas las compras en el marco del PSPP por valor de 2.088.100 millones de euros.

resumen del caso comisión contra polonia

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) ha dictado finalmente una sentencia que pone fin a la llamada saga Taricco, al menos por el momento. Lo que es más importante, esta sentencia Taricco II (Asunto C-42/17 – M.A.S. & M.B.) aborda la relación entre los principios de primacía, eficacia y efecto directo del Derecho de la UE, por un lado, y el concepto de identidad nacional (y particularmente constitucional) de los Estados miembros, por otro. También aborda el alcance de la posibilidad de que los Estados miembros no apliquen el Derecho de la UE si éste entra en conflicto con un principio imperativo garantizado por su constitución nacional. En este contexto, el artículo pretende evaluar, en primer lugar, si el Tribunal anuló su doctrina Melloni con esta sentencia. En segundo lugar, el artículo analiza si el Tribunal, al menos implícitamente, ha respondido a la delicada cuestión de quién es el juez último responsable de evaluar si la «cláusula de identidad» consagrada en el art. 4.2 del TUE ha sido violada o no.

El 5 de diciembre de 2017, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, «TJUE») dictó finalmente una sentencia que puso fin a la llamada saga Taricco, al menos por el momento. Lo más importante es que la sentencia (denominada Taricco II) aborda la relación entre los principios de primacía, eficacia y efecto directo del Derecho de la UE y el concepto de identidad nacional (y en particular constitucional) de los Estados miembros (en adelante, «EM»). También aborda el alcance de la posibilidad de que los EM no apliquen el Derecho de la UE si éste entra en conflicto con un principio imperativo garantizado por su constitución nacional. La solución adoptada por el Tribunal es un compromiso, que ha resuelto una larga disputa con los tribunales italianos, transformando lo que podría haber sido una guerra entre tribunales en un diálogo entre ellos.

caso c-619/18

Sin embargo, de forma bastante inesperada, durante la rueda de prensa posterior al anuncio de estas medidas, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, afirmó que no era función del BCE reducir el diferencial en los mercados de deuda soberana: «Esta no es la función ni la misión del BCE. Hay otras herramientas para eso, y hay otros actores para ocuparse realmente de esas cuestiones [léase: el Mecanismo Europeo de Estabilidad]»[3].

La declaración dejó a todo el mundo perplejo y enseguida se hicieron comparaciones con el famoso «whatever it takes» pronunciado por el ex presidente del BCE Mario Draghi en 2012, en el momento álgido de la crisis de la deuda soberana europea[4].

Se temía que el BCE se retirara de su papel de comprador de bonos soberanos en un momento en el que se preveía un aumento constante de los niveles de deuda pública, con unos diferenciales que ya se estaban ampliando (en particular, entre los rendimientos de los bonos soberanos italianos y alemanes) y una fragmentación financiera (ciertamente perjudicial para una unión monetaria) en aumento.

Las declaraciones oficiales del BCE para tranquilizar a los mercados no tardaron en llegar, señalando lo grave que era ya la situación y haciendo que todo el mundo fuera consciente de repente de las amenazas tangibles que se cernían de nuevo sobre la zona del euro[6].

Sentencia tjue vencimiento anticipado 2018 online

Epic Games contra Apple es una demanda presentada por Epic Games contra Apple en agosto de 2020 en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California, relacionada con las prácticas de Apple en la App Store de iOS. En concreto, Epic Games había impugnado las restricciones de Apple para que las aplicaciones tuvieran otros métodos de compra dentro de la aplicación fuera del que ofrece la App Store. El fundador de Epic Games, Tim Sweeney, ya había cuestionado el recorte de ingresos del 30% que Apple se lleva por cada compra realizada en la App Store, y con su juego Fortnite, quería evitar a Apple o que esta se llevara una parte menor. Epic implementó cambios en Fortnite de forma intencionada el 13 de agosto de 2020 para saltarse el sistema de pago de la App Store, lo que provocó que Apple bloqueara el juego de la App Store y que Epic presentara su demanda. Apple presentó una contrademanda, afirmando que Epic incumplió a propósito sus condiciones de contrato con Apple para incitarla a actuar, y se defendió de la demanda de Epic.

El juicio se celebró del 3 al 24 de mayo de 2021. En una sentencia dictada en septiembre de 2021 en la primera parte del caso, la jueza Yvonne González Rogers falló a favor de Apple en nueve de los diez cargos, pero falló en contra de Apple en cuanto a sus políticas contra la competencia desleal según la Ley de Competencia Desleal de California. Rogers prohibió a Apple que impidiera a los desarrolladores informar a los usuarios de otros sistemas de pago dentro de las aplicaciones. Epic ha recurrido la sentencia.

  Como se impugna un proceso selectivo