Ley estados de alarma excepcion y sitio

derogación de los derechos humanos en tiempos de emergencia

Se prevé que las administraciones regionales y municipales conserven las facultades que les confiere la legislación vigente en la «gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que consideren necesarias en el marco de las órdenes directas de la Autoridad Competente a los efectos del estado de alarma» ( art. 6).

El art. 7 del Real Decreto establece una «limitación» a la libertad de circulación de las personas (garantizada por el art. 17 de la Constitución). Según el mismo, los ciudadanos sólo pueden circular por las vías de uso público para realizar determinadas actividades, fundamentalmente (al margen de causas de fuerza mayor o situaciones de necesidad) para satisfacer sus necesidades básicas, desplazarse al lugar de trabajo para realizar su prestación laboral, profesional o empresarial y regresar al lugar de residencia habitual.

Además, se prevén ciertas obligaciones para los «operadores críticos de servicios esenciales» (art. 18: adopción de medidas para garantizar la prestación de dichos servicios, incluso por parte de operadores no críticos si son imprescindibles para asegurar el abastecimiento de la población y los propios servicios esenciales; no se definen los servicios que deben considerarse esenciales) y para los «medios de comunicación públicos y privados» (art. 19: obligación de insertar los mensajes, anuncios y comunicaciones que las autoridades delegadas competentes o las administraciones autonómicas y locales consideren necesario emitir).

derechos derogables o relativos

Algo a lo que sin duda ha contribuido el Tribunal Constitucional con una jurisprudencia que ha permitido una interpretación de estas categorías excepcionales dentro del prisma de un Estado constitucional moderno. Así ocurrió con la sentencia del Tribunal Constitucional en relación con la aplicación del art. 155 del TS, y creo que esta es también la orientación definitoria de la reciente sentencia sobre la declaración del estado de alarma en esta pandemia. Ni la ley de Emergencia prevista en el art. 116 SC, ni el art. 155 SC que incluye la coacción federal son ese «botón nuclear» que puede hacer estallar el Estado constitucional. En un Estado de Derecho democrático como el que define la Constitución española, por muy grave que sea el peligro que corre el Estado, no hay un soberano desnudo que decida la excepción, ni se suspenderá la Constitución sin garantías.

En cualquier caso, tratemos de reconstruir las pautas establecidas por el Tribunal Constitucional. El objeto principal de la controversia planteada ante el Tribunal Constitucional fue la decisión del Gobierno de confinar a la población para responder a la pandemia. El Gobierno adoptó esta medida decretando el estado de alarma. Sin embargo, la Constitución española sólo permite la suspensión de derechos en el marco de un estado de excepción o de un estado de sitio. La cuestión constitucional era: ¿el confinamiento de la población era una limitación intensa de la libertad que podía adoptarse en el estado de alarma o era una suspensión que sólo podía adoptarse en el marco del estado de excepción? Y, en este último caso, ¿era posible decretar el estado de excepción para hacer frente a una pandemia? La respuesta del Tribunal Constitucional ha sido que el confinamiento era inconstitucional porque tal incis

ley de estado de excepción

La historia de la humanidad (y, por supuesto, la de España) está repleta de situaciones de crisis que, en muchas ocasiones, han sido ocasionadas por las fuerzas de la naturaleza (terremotos, inundaciones, grandes incendios urbanos y forestales, etc.). Pero, en muchas otras ocasiones, estas situaciones se deben también a la acción humana que las ha originado de forma más o menos consciente (guerras, atentados terroristas, etc.).

Entre estas crisis, las emergencias sanitarias han ocupado un lugar destacado. Si bien es cierto que durante años no han tenido un protagonismo destacado en la vida del mundo occidental, no han dejado de estar presentes en algunas zonas en vías de desarrollo (podemos pensar en las periódicas crisis epidémicas provocadas por el virus del ébola en África -que también supuso un pequeño susto para Europa-). Las epidemias siempre han existido y, seguramente, estas emergencias sanitarias seguirán produciéndose mientras los seres humanos habiten nuestro planeta.

Las dimensiones de estas catástrofes han variado de un caso a otro, y las respuestas sociales, en consecuencia, han sido diferentes según la gravedad o la inminencia del peligro en las situaciones que se han tenido que afrontar.

derechos derogables

Es una medida constitucional que permite al gobierno tomar medidas excepcionales para hacer frente a graves alteraciones de la normalidad, como una crisis sanitaria. El Gobierno puede aprovechar los poderes ejecutivos del Estado necesarios para hacer frente a la crisis (incluidas las competencias de las autoridades regionales o locales) y tomar medidas sin necesidad de una legislación formal. Estas medidas se recogen en el real decreto por el que se declara el estado de excepción y en los sucesivos decretos relacionados.

Los derechos fundamentales no pueden ser suspendidos en un estado de emergencia (a diferencia de los estados de excepción y de sitio, más graves). Esto significa que las medidas del Gobierno, aunque sean restrictivas, deben respetar el «núcleo esencial» de los derechos fundamentales.

Todas las empresas pueden estar sujetas a obligaciones específicas, a restricciones de todo tipo en sus operaciones, o a ser tomadas o a que se les requisen sus bienes u operaciones. Este es el caso, en particular, de los operadores de instalaciones críticas, los proveedores de servicios públicos y las empresas de los sectores energético, sanitario, farmacéutico y alimentario.

  Escrito de interposición de recurso contencioso administrativo