Resoluciones de la dgrn

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Según la Ley de Sociedades de Capital y la Doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en los estatutos de la sociedad debe constar si el administrador recibe una retribución, y los estatutos de la sociedad son nulos si la retribución está sujeta a una condición subjetiva u objetiva.

La Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) ha establecido, de acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, que la retribución del administrador de una sociedad no puede estar condicionada a una determinada actividad del mismo. En concreto, en la Resolución de 27-04-2013 de la DGRN (la Resolución), la cláusula debatida decía lo siguiente: El administrador percibirá siempre una indemnización cuando realice funciones de gestor o administrador. Esta indemnización es una cantidad entre . . . Euros y . . . euros por la unión de todas las funciones del administrador. La retribución del administrador se fija cada año por acuerdo del Consejo General de acuerdo con estos estatutos y el artículo 217 de la Ley de Sociedades de Capital.

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Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) de 30 de junio de 2011, en relación con el derecho de tanteo de los inquilinos de la Ley de Arrendamientos de 1964

Mediante la citada resolución, la DGRN confirmó el derecho de tanteo de los inquilinos respecto de los contratos de arrendamiento a los que todavía se les aplica la Ley de Arrendamientos de 1964 (Decreto 4104/1964 de 24 de diciembre) en lugar de la actual Ley de Arrendamientos (Ley 29/1994 de 24 de noviembre).

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Por tanto, los Registros no inscriben la transmisión si no se ha notificado debidamente a los arrendatarios su derecho de tanteo. Sin embargo, la DGRN también decidió que la negativa a inscribir la transmisión de aquellas unidades que no entran en la aplicación de la Ley de Arrendamientos de 1964 es injustificada.

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Es relevante la reciente Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN), de fecha 4 de diciembre de 2017, que resuelve a favor de la posibilidad de inscribir en el Registro Mercantil las denominadas cláusulas Drag-Along o cláusulas de arrastre, por tanto, incluirlas en los estatutos sociales. Esta posibilidad ya venía siendo respaldada por la DGRN y aceptada por los registradores mercantiles, pero ahora la DGRN, con esta resolución, destaca aspectos relevantes a tener en cuenta.

La cláusula Drag-Along o de arrastre consiste en un acuerdo entre los socios para habilitar a uno o varios de ellos, para que en caso de recibir una oferta de un tercero para adquirir la mayor parte o la totalidad del Capital Social (normalmente el total del capital), el receptor o receptores de la oferta puedan obligar a los demás socios a transmitir sus acciones o participaciones sociales, siguiendo los mismos términos y condiciones ofrecidos. La inclusión de estas cláusulas en los Estatutos se justifica en base al Art. 188.3 del Reglamento del Registro Mercantil (RRM), que establece:

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De acuerdo con el artículo 242 de la Ley de Sociedades de Capital, (“LSC”) “[el] Consejo de Administración estará formado por un mínimo de tres miembros”. No obstante, según la resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado (la “DGRN”) de 14 de marzo de 2016, puede haber situaciones en las que el Consejo esté formado por dos.

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La convocatoria de la Junta General se establece en la AC como un deber de “los Administradores”. Sin embargo, el legislador no ha determinado cómo debe ejercerse dicho deber en relación con las distintas formas de gestión de las empresas. Como consecuencia han surgido diversas dudas, muchas de ellas ya resueltas por la DGRN o incluso por el Tribunal Supremo, como las siguientes: ¿es posible que un Consejero Delegado convoque una junta? ¿Es suficiente con que la realice uno/algunos de los administradores mancomunados?

La cuestión en torno al poder del Consejero Delegado ya fue resuelta por el Tribunal Supremo en la sentencia de 30 de octubre de 2009. Además, en la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, que modificó la AC, se estableció que tanto la convocatoria como la elaboración del orden del día y de las propuestas de acuerdo son facultades indelegables del Consejo de Administración.