Incidente de ejecucion de sentencia contencioso administrativo

Artículo 6 derechos humanos

El Tribunal Supremo estima una demanda de error judicial interpuesta por Pareja & Associats contra los Autos de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en ejecución de una sentencia de la misma Sala, relativa a la expropiación de una finca en el municipio de Martorell. Sentencia del Tribunal Supremo nº 392/2020 de 13 de mayo.

En segundo lugar, el Tribunal Supremo considera que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, en los Autos de 13 de diciembre de 2017 y 4 de abril de 2018, se apartó injustificadamente de las bases establecidas en su propia Sentencia de 26 de octubre de 2011 para la determinación del justiprecio, como consecuencia de un evidente y flagrante error, y más concretamente, por la desatención a su obligada función de examinar y someter el referido informe pericial a las reglas del juicio razonable.

Referencia al artículo 6 de la rccde

“Código de Procedimiento de los Tribunales Administrativos en la versión de la promulgación del 19 de marzo de 1991 (Gaceta Federal I página 686), modificada más recientemente por el artículo 9 de la Ley del 22 de diciembre de 2010 (Gaceta Federal I página 2248)”

4a) el traspaso a otro tribunal administrativo o a varios tribunales administrativos del Land de conjuntos de procedimientos en los que la competencia territorial está determinada según el artículo 52 núm. 2 primera, segunda o cuarta frase

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6. el traspaso a otro tribunal de conjuntos de procedimientos que estén pendientes en el curso de las medidas descritas en los números 1, 3, 4 y 4a, si la competencia no debe determinarse de acuerdo con las disposiciones anteriormente válidas.

Las disposiciones del Título II de la Ley de Constitución de Tribunales (Gerichtsverfassungsgesetz) se aplicarán mutatis mutandis a los tribunales de la jurisdicción administrativa. Los miembros y los tres suplentes de la sala de jueces con competencia para dictar sentencias de acuerdo con el apartado 2 del artículo 99 serán determinados por el Presidium, en cada caso por una duración de cuatro años. Los miembros y sus suplentes deberán ser jueces vitalicios.

Artículo 6 miembro civil

Como regla general, las controversias tributarias surgen como consecuencia de las liquidaciones tributarias derivadas de un procedimiento administrativo iniciado por la Administración Tributaria española (STA), como las dirigidas a la verificación de datos tributarios, la comprobación restringida de impuestos o la inspección tributaria (con alcance general o parcial). Sin embargo, también pueden ser iniciadas por el contribuyente en el caso de que impugne su propia declaración de la renta (solicitud de rectificación de la declaración de la renta y devolución de lo pagado indebidamente). Además, los contribuyentes también pueden impugnar las retenciones y/o el IVA repercutido presentando una reclamación contra ellos ante el STA.

El STA ha mostrado constantemente un alto nivel de compromiso con la aplicación de las medidas propuestas en el Proyecto de Erosión de la Base y Traslado de Beneficios (BEPS) de la OCDE. La mayoría de estas medidas ya han sido implementadas, incluyendo las normas de divulgación de impuestos de la UE (DAC 6) y la legislación anti-híbrida de la Directiva contra la elusión fiscal (ATAD).Además, actualmente se están debatiendo en el parlamento español nuevos desarrollos para implementar las medidas contenidas en la Directiva 2016/1164 modificada por la Directiva 2017/952 (ATAD I y ATAD II). España fue uno de los países firmantes del Convenio multilateral de la OCDE para la aplicación de medidas relacionadas con los convenios fiscales para evitar la BEPS (MLI), firmado el 7 de junio de 2017. La posición definitiva de España en materia de MLI está pendiente de aprobación por el Parlamento español.Oficina Nacional de Asuntos Fiscales InternacionalesLa Oficina Nacional de Asuntos Fiscales Internacionales fue creada en 2013 para gestionar, planificar y coordinar los asuntos fiscales internacionales; en particular, determinadas áreas de riesgo directamente relacionadas con BEPS. Esto ha llevado a una mayor atención por parte del STA que seguramente se traducirá en un aumento de las controversias fiscales en las siguientes áreas:

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Artículo 6 de la jurisprudencia del tce

Disposiciones legislativas pertinentes: Derecho InternacionalDerecho Internacional > Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951Derecho de la Unión Europea > ES – Directiva sobre procedimientos de asilo, Directiva 2005/85/CE del Consejo de 1 de diciembre de 2005 > Art 7Derecho de la Unión Europea > ES – Directiva sobre requisitos, Directiva 2004/83/CE, de 29 de abril de 2004Derecho de la Unión Europea > ES – Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea > Artículo 18Derecho de la Unión Europea > ES – Directiva refundida sobre procedimientos de asilo 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo > Artículo 9Derecho de la Unión Europea > ES – Directiva refundida sobre requisitos, Directiva 2011/95/UE, de 13 de diciembre de 2011 > Artículo 24