Clausula penal codigo civil

extinción de la obligación

En Europa se pueden distinguir tres métodos importantes, cada uno de los cuales aborda la cláusula penal de manera diferente. Cada uno de estos métodos se evaluará en función de la calidad de su contenido para ver si constituye un modelo aceptable para las cláusulas penales en general.

Para empezar, se puede distinguir un método neerlandés/francés, que también siguen los Principios del Derecho contractual europeo (véase el capítulo 3). Este modelo reconoce la validez prima facie de una cláusula penal, independientemente de la función que cumpla (incentivo o evaluación del daño). Se otorga al juez la competencia de ajustar las sumas desproporcionadamente altas.

El derecho francés también presupone que ambas funciones de las cláusulas penales son válidas, aunque Mazeaud ha criticado vehementemente esta postura. Sostiene que la cláusula penal debe cumplir siempre una función incentivadora y, por lo tanto, una mera valoración de los daños no puede considerarse realmente una cláusula penal. Sin embargo, esta no puede considerarse la opinión predominante. Las cláusulas penales son plenamente ejecutables, tal como se establece en el artículo 1152(1) del Código Civil francés. El apartado 2 del artículo 1152 también otorga al juez de oficio una competencia de reducción, que de nuevo sólo puede utilizarse en circunstancias excepcionales (cuando la pena es “manifiestamente excesiva o dérisoire”). El momento de la prueba también es a posteriori, se pueden tener en cuenta todas las circunstancias del caso y no se permite a las partes excluir la posibilidad de reducir y complementar la pena contractual. La reticencia en el uso de las competencias de reducción y complemento se observa estrictamente.

obligación principal

Artículo 1226. En las obligaciones con cláusula penal, la pena sustituirá a la indemnización por daños y perjuicios y al pago de intereses en caso de incumplimiento, si no hay estipulación en contrario. No obstante, la indemnización por daños y perjuicios se hará efectiva si el obligado se niega a pagar la pena o incurre en fraude en el cumplimiento de la obligación.La pena sólo podrá hacerse efectiva cuando sea exigible conforme a lo dispuesto en este Código.

Si el acuerdo contiene la estipulación de que, en caso de incumplimiento, el obligado deberá pagar una determinada multa, ya no es necesario el pago por daños y perjuicios, salvo que las partes hayan acordado que debe seguir habiendo pago de los mismos. En caso contrario, las partes de un acuerdo pueden estipular que el deudor, en caso de incumplimiento, pague tanto una determinada multa acordada como los daños y perjuicios por el incumplimiento de la obligación.

Recuerde que, por regla general, la multa estipulada sustituye al pago de los daños y perjuicios. Sin embargo, las partes pueden estipular la anulación de la regla general. La regla general tampoco se aplica si el deudor se niega a pagar la multa acordada o si el deudor es culpable de fraude en el cumplimiento de la obligación. En resumen, en caso de que el deudor se niegue a pagar la multa o cometa fraude en el cumplimiento de la obligación, el deudor deberá pagar tanto la multa acordada como los daños y perjuicios.Tenga en cuenta también que los Tribunales tienen la facultad de reducir la pena estipulada. El artículo 1229 establece: “El juez reducirá equitativamente la pena cuando la obligación principal haya sido cumplida parcial o irregularmente por el deudor”. Incluso si no ha habido cumplimiento, la pena también puede ser reducida por los tribunales si es inicua o desmedida.” En definitiva, en caso de cumplimiento parcial de la obligación, de cumplimiento irregular de la obligación o de sanción inicua a pesar del incumplimiento, los Tribunales pueden intervenir y reducir la sanción.

artículo 1226

Artículo 1151. El plazo de prescripción de las acciones que tengan por objeto la ejecución de las obligaciones de pago del principal con intereses o de la renta vitalicia se cuenta a partir del último pago de la renta o de los intereses. (1970a) Artículo 1152. El plazo de prescripción de las acciones que tienen por objeto exigir el cumplimiento de la obligación declarada por una sentencia, comienza a correr desde que la sentencia quedó firme. (1971) Artículo 1153. El plazo de prescripción de las acciones para exigir la rendición de cuentas corre desde el día en que las personas que debían rendirlas cesan en sus funciones.    El plazo para la acción derivada del resultado de la contabilidad corre desde la fecha en que dicho resultado fue reconocido por acuerdo de los interesados. (1972) Artículo 1154. El plazo durante el cual el acreedor se vio impedido, por un caso fortuito, de hacer valer su derecho, no se computa en su contra. (n) Artículo 1155. La prescripción de las acciones se interrumpe cuando se interponen ante el tribunal, cuando hay demanda extrajudicial escrita de los acreedores y cuando hay algún reconocimiento escrito de la deuda por parte del deudor. (1973a)

ejemplo de obligaciones con cláusula penal

En términos generales, una cláusula penal es una disposición contractual que impone a la parte incumplidora una suma de dinero excesiva y no relacionada con el daño real. Las cláusulas penales son, por lo general, inaplicables en el derecho inglés.

La doctrina de la penalización no se aplica simplemente a las cláusulas “clásicas” de indemnización por daños y perjuicios, que estipulan el pago de una suma de dinero en caso de incumplimiento del contrato, sino que también puede aplicarse a otras cláusulas que prevén:

“[L]a verdadera prueba es si la disposición impugnada es una obligación secundaria que impone al incumplidor del contrato un perjuicio desproporcionado con respecto a cualquier interés legítimo de la parte inocente en el cumplimiento de la obligación principal. La parte inocente no puede tener ningún interés legítimo en castigar simplemente al incumplidor. Su interés está en el cumplimiento o en alguna alternativa adecuada al cumplimiento”.

Los jueces describieron la regla de la cláusula penal como “un edificio antiguo, construido al azar, que no ha resistido bien”, pero afirmaron con decisión que la regla no debe ser abolida. Esto se debe a que la norma es un “principio de larga data del derecho inglés”, que tiene un “papel útil en la protección de las personas contra algunas categorías de negociación opresiva”; en particular, cuando las partes son de “poder de negociación … desigual” y existe un “riesgo de opresión”.

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