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Los principios generales del Derecho de la Unión Europea son normas jurídicas que un juez de la Unión Europea, por ejemplo en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, debe encontrar y aplicar, pero no crear. En particular, para los derechos fundamentales, el apartado 3 del artículo 6 del Tratado de la Unión Europea establece

Los derechos fundamentales, tal y como se garantizan en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y tal y como resultan de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros, constituirán principios generales del Derecho de la Unión[2].

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Además, el artículo 340 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (antiguo artículo 215 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea) prevé expresamente la aplicación de los «principios generales comunes a los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros» en materia de responsabilidad extracontractual[3].

En ninguno de los tratados constitutivos de la Unión Europea se menciona la protección de los derechos fundamentales. No estaba previsto que las medidas de la Unión Europea, es decir, las acciones legislativas y administrativas de las instituciones de la Unión Europea, estuvieran sujetas a los derechos humanos. En aquel momento, la única preocupación era evitar que los Estados miembros violaran los derechos humanos, de ahí la creación del Convenio Europeo de Derechos Humanos en 1950 y la creación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas reconoció los derechos fundamentales como principio general del Derecho de la Unión Europea, ya que cada vez era más evidente la necesidad de garantizar que las medidas de la Unión Europea fueran compatibles con los derechos humanos consagrados en la Constitución de los Estados miembros[11]. En 1999, el Consejo Europeo creó un órgano encargado de redactar una Carta Europea de Derechos Humanos, que podría constituir la base constitucional de la Unión Europea y, como tal, estar adaptada específicamente para aplicarse a la Unión Europea y sus instituciones. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea recoge una lista de derechos fundamentales del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de la Declaración de Derechos Fundamentales elaborada por el Parlamento Europeo en 1989 y de los Tratados de la Unión Europea[12].

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Estado de derecho

La certeza en el derecho contractual es un principio del derecho nacional e internacional que sostiene que las partes de un contrato siempre deben procurar que éste sea seguro. Si un contrato es incompleto o incierto, puede considerarse inaplicable. Un acuerdo no crea un contrato vinculante.

La certeza puede definirse como algo libre de toda duda, un estado de certeza absoluta, como la certeza de la muerte. En términos de derecho contractual, un contrato es cierto cuando las disposiciones están debidamente descritas y explicadas y claramente establecidas.

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Sólo cuando hay una pérdida se analiza la redacción de un contrato. La certeza contractual se consigue cuando las partes están de acuerdo con la redacción antes de comprometerse formalmente con el contrato. Sin embargo, siguen produciéndose casos de interpretación de contratos. ¿Cómo interpretan los tribunales las cláusulas de los contratos? Existe la percepción de que los tribunales interpretan los contratos de forma bastante literal, agonizando sobre cada detalle. Aunque una redacción clara sigue siendo esencial, no refleja correctamente su enfoque.