Modelo incidente ejecucion sentencia contenciosoadministrativo

Convenio europeo de derechos humanos

En particular, el asunto C-107/98, Teckal, Rec. 1999, I-8121; el asunto C-26/03, Stadt Halle y RPL Lochau, Rec. 2005, I-1; el asunto C-29/04, Comisión/Austria, Rec. 2005, I-9705; y el asunto C-340/04, Carbotermo y Consorzio Alisei, Rec. 2006, I-4137. 8 –

En la audiencia, la Comisión debatió este punto con gran detalle, incluso a la luz de las recientes sentencias del Tribunal en los asuntos Parking Brixen (citado en la nota 8) y Carbotermo y Consorzio Alisei (citado en la nota 7).14 –

El Tribunal siempre ha interpretado estrictamente esta excepción como limitada a las actividades e intereses relacionados con el ejercicio del poder público. Véase el asunto 2/74, Reyners, Rec. 1974, p. 631, confirmado en varias ocasiones desde entonces, incluido el asunto C-283/99, Comisión/Italia, Rec. 2001, p. I-4363, apartado 20.16

De la anterior reseña de la legislación española pertinente, en particular en el punto 13, podría deducirse que la utilización de Tragsa por las Comunidades Autónomas como organización ejecutiva «propia» es opcional. Si esto fuera cierto, la calificación de Tragsa como «instrumento» de las Comunidades Autónomas resulta aún más problemática, ya que la libertad de elección de utilizar una organización ejecutiva de otra entidad pública en lugar de celebrar un procedimiento de adjudicación pública entra en conflicto con las disposiciones del Derecho comunitario en materia de contratación pública. Corresponde al tribunal nacional determinar si tienen esa libertad de elección. 18 –

Echr

I.N. 2016-12-01.LIBRO MARCO GENERAL DEL PROCEDIMIENTO CIVILTÍTULO IPRINCIPIOS DE PROCEDIMIENTO APLICABLES A LOS PROCESOS PRIVADOS DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS1. Para prevenir un posible litigio o resolver uno ya existente, las partes interesadas, de mutuo acuerdo, pueden optar por un proceso privado de prevención y resolución de litigios.Los principales procesos privados de prevención y resolución de litigios son la negociación entre las partes, y la mediación y el arbitraje, en los que las partes recurren a un tercero para que las asista. Las partes también pueden recurrir a cualquier otro proceso que les convenga y que consideren adecuado, independientemente de que se inspire en la negociación, la mediación o el arbitraje.Las partes deben considerar los procesos privados de prevención y resolución antes de remitir su conflicto a los tribunales.

  Audiencia provincial a coruña

2014, c. 1, a. 1.2. Las partes que entran en un proceso privado de prevención y resolución de conflictos lo hacen voluntariamente. Están obligadas a participar en el proceso de buena fe, a ser transparentes entre sí, incluso en lo que se refiere a la información que poseen, y a cooperar activamente en la búsqueda de una solución y, en su caso, en la elaboración y aplicación de un protocolo previo al juicio; también están obligadas a compartir los costes del proceso. Deben, al igual que cualquier tercero que les asista, velar por que todas las medidas que adopten sean proporcionadas, en términos de coste y tiempo, a la naturaleza y complejidad del litigio.Además, están obligados, en todas las medidas que adopten y en los acuerdos que celebren, a respetar los derechos humanos y las libertades y a respetar las demás normas de orden público.

Hudoc exec

«Código de Procedimiento de los Tribunales Administrativos en la versión de la promulgación del 19 de marzo de 1991 (Gaceta Federal I página 686), modificada más recientemente por el artículo 9 de la Ley del 22 de diciembre de 2010 (Gaceta Federal I página 2248)»

  Sentencia tribunal de la haya 22 julio 2010

4a) el traspaso a otro tribunal administrativo o a varios tribunales administrativos del Land de conjuntos de procedimientos en los que la competencia territorial está determinada según el artículo 52 núm. 2 primera, segunda o cuarta frase

6. el traspaso a otro tribunal de los conjuntos de procedimientos que están pendientes en el curso de las medidas descritas en los números 1, 3, 4 y 4a, si la competencia no debe determinarse de acuerdo con las disposiciones anteriormente válidas.

Las disposiciones del Título II de la Ley de Constitución de Tribunales (Gerichtsverfassungsgesetz) se aplicarán mutatis mutandis a los tribunales de la jurisdicción administrativa. Los miembros y los tres suplentes de la sala de jueces con competencia para dictar sentencias de acuerdo con el apartado 2 del artículo 99 serán determinados por el Presidium, en cada caso por una duración de cuatro años. Los miembros y sus suplentes deberán ser jueces vitalicios.

Artículo 6 de la ley de derechos humanos de 1998

Como norma general, las controversias fiscales surgen como consecuencia de las liquidaciones tributarias derivadas de un procedimiento administrativo iniciado por la Administración Tributaria española (STA), como las dirigidas a la comprobación de datos fiscales, la comprobación restringida de impuestos o la inspección tributaria (con alcance general o parcial). Sin embargo, también pueden ser iniciadas por el contribuyente en el caso de que impugne su propia declaración de la renta (solicitud de rectificación de la declaración de la renta y devolución de lo pagado indebidamente). Además, los contribuyentes también pueden impugnar las retenciones y/o el IVA repercutido presentando una reclamación contra ellos ante el STA.

El STA ha mostrado constantemente un alto nivel de compromiso con la aplicación de las medidas propuestas en el Proyecto de Erosión de la Base y Traslado de Beneficios (BEPS) de la OCDE. La mayoría de estas medidas ya han sido implementadas, incluyendo las normas de divulgación de impuestos de la UE (DAC 6) y la legislación anti-híbrida de la Directiva contra la elusión fiscal (ATAD).Además, actualmente se están debatiendo en el parlamento español nuevos desarrollos para implementar las medidas contenidas en la Directiva 2016/1164 modificada por la Directiva 2017/952 (ATAD I y ATAD II). España fue uno de los países firmantes del Convenio multilateral de la OCDE para la aplicación de medidas relacionadas con los convenios fiscales para evitar la BEPS (MLI), firmado el 7 de junio de 2017. La posición definitiva de España en materia de MLI está pendiente de aprobación por el Parlamento español.Oficina Nacional de Asuntos Fiscales InternacionalesLa Oficina Nacional de Asuntos Fiscales Internacionales fue creada en 2013 para gestionar, planificar y coordinar los asuntos fiscales internacionales; en particular, determinadas áreas de riesgo directamente relacionadas con BEPS. Esto ha llevado a una mayor atención por parte del STA que seguramente se traducirá en un aumento de las controversias fiscales en las siguientes áreas: