El procedimiento contencioso administrativo

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la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o de las Islas Baleares en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña o en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, tal y como establece el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

De acuerdo con el artículo 37 de la LCSP, los contratos sujetos a regulación armonizada, incluidos los contratos subvencionados, los acuerdos de adjudicación provisional, los pliegos de condiciones que regulen la licitación y los que establezcan las características del suministro, así como los actos de trámite adoptados en el procedimiento anterior, siempre que éstos decidan directa o indirectamente la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, deben ser los

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Algunas de ellas, por supuesto, ya han sido afrontadas por el legislador en diferentes textos, más lejanos o recientes. De hecho, las normas que han cambiado o que complementan en algunos aspectos la competencia de la jurisdicción son ya tan numerosas y dispersas que justificarían una refundición en sí misma.

Desde este último punto de vista, la reforma compacta las medidas que garantizan la plenitud material de la tutela judicial en el orden administrativo-administrativo y el criterio favorable al ejercicio de las acciones y El Tribunal de Justicia ha estado a favor del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. La preocupación por lograr un equilibrio entre las garantías, tanto de los derechos e intereses públicos y privados en juego, como del derecho y la calidad de las decisiones judiciales, con la celeridad de los procesos y la eficacia del tribunal es uno de los ejes de la reforma. Pues es evidente que una justicia tardía o meramente cautelar no satisface el derecho que el artículo 24.1 de la Constitución reconoce.

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El Congreso de Colombia ha aprobado la Ley 2080 (25 de enero de 2021), por la que se reforma el Código Procesal Administrativo y Contencioso-Administrativo de Colombia, en materia de propiedad industrial.¿Cuáles son los principales cambios que afectan a la propiedad industrial colombiana? Como bien señala la revista World Trademark Review, los futuros asuntos de propiedad industrial pasarán a ser conocidos en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y la apelación ante el Consejo de Estado. Esto afectará a las demandas presentadas a partir del 25 de enero de 2022. Otros cambios tienen que ver con la introducción de sentencias anticipadas antes de la primera audiencia y sus implicaciones.Para leer más, consulte el sitio web de WTR.

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