Articulo 472 constitucion española

Constitución española 1978

El juez del Tribunal Supremo español Pablo Llarena ha rechazado la petición de libertad de Jordi Sánchez, en prisión preventiva desde octubre de 2017, argumentando que existe riesgo de reincidencia delictiva porque Sánchez no ha renunciado a su ideología política, la de buscar la independencia de Cataluña de forma democrática y pacífica(1). Razones similares se esgrimieron en los casos de Oriol Junqueras, Joaquim Forn y Jordi Cuixart.

Las razones esgrimidas por el juez contradicen los artículos 16, 21 y 23 de la Constitución Española, que reconocen el derecho a la libertad ideológica, de reunión pacífica y de participación en los asuntos públicos(2).

Asimismo, el artículo 472 del Código Penal español establece que los delitos de rebelión y sedición deben ir acompañados de violencia, pero no hay pruebas de que las personas detenidas mencionadas hayan cometido o promovido la violencia(3).

Amnistía Internacional ha denunciado que «la detención de Sánchez constituye una restricción excesiva y desproporcionada de la libertad de expresión, de reunión pacífica y de disidencia política» y ha pedido su inmediata puesta en libertad(4).

Texto de la constitución española de 1978

Nueve de los doce dirigentes juzgados -entre ellos altos cargos del gobierno catalán- fueron condenados, además de por otros delitos de abuso de poder y desobediencia, por el más grave de sedición.

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La sentencia era muy esperada y se dictó en un contexto cargado de tensión y expectación política en un país polarizado por opiniones muy contrastadas sobre las reivindicaciones de autodeterminación de Cataluña, la realización del referéndum del 1 de octubre de 2017 a pesar de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la falta de legitimidad de esta consulta según la Constitución, y el hecho de que el proceso de votación durante el referéndum fue reprimido por la fuerza en muchas localidades por la policía, con informes creíbles sobre el uso de una fuerza innecesaria y desproporcionada en contra de las obligaciones de derecho internacional de España.

Los acusados fueron condenados por el Tribunal Supremo por haber promovido y llevado a cabo, en su calidad de funcionarios públicos y dirigentes de partidos políticos y asociaciones, un referéndum declarado previamente inconstitucional por el Tribunal Constitucional. El Tribunal Supremo sostuvo que todos los acusados eran conscientes de lo que consideraba la ilegalidad manifiesta del referéndum y de que cualquiera de sus resultados no podía dar lugar a la soberanía de Cataluña. Eran conscientes de que lo que hicieron fue sólo «la señal para la movilización del pueblo que nunca acabaría en la creación de un Estado soberano» pero que la movilización habría acabado en el desprecio de la sentencia del Tribunal Constitucional (Nota: todas las citas en inglés de la sentencia son traducciones no oficiales del autor, ver la sentencia en español aquí).

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Constitución española 1978 cataluña

Con mucha culpa (y merecida por ambas partes de la ecuación), el asediado gobierno español del presidente Mariano Rajoy utilizó una disposición constitucional hasta ahora oscura para disolver la asamblea legislativa de Cataluña, suspender el funcionamiento de su gobierno regional e imponer un gobierno directo desde Madrid, en una interferencia sin precedentes en la autonomía de la región garantizada por la Constitución. Tras una animada campaña y en contra de las previsiones anteriores, los partidos políticos favorables a la secesión catalana consiguieron mantener su mayoría en la Asamblea Legislativa. En este contexto, el Tribunal Superior de Justicia del Estado se ha planteado el futuro de Puigdemont. El ex presidente de Cataluña ha pasado varios meses en Bruselas, intentando evitar su extradición a España. Fue tras un reciente viaje a Finlandia, de regreso a Bruselas, cuando el Sr. Puigdemont se encontró en una carretera rural del norte de Alemania (o eso se imagina) donde fue detenido por la policía. España, tras varios cambios de opinión, había reactivado una Orden de Detención Europea contra el líder separatista, acusándolo de rebelión y extradición. Ahora bien, antes de seguir adelante, es importante recordar las disposiciones en cuestión.

La constitución española en filipinas

Por tanto, estoy de acuerdo con Martí cuando califica los hechos que se acaban de describir como un golpe de Estado, aunque sea diferente del tradicional golpe militar. La siguiente cuestión, entonces, es si las acciones perpetradas por los líderes del movimiento secesionista pueden entenderse como delitos según la legislación española, y si la Constitución española o el derecho internacional amparan esas acciones en nombre de los derechos fundamentales, incluido el derecho a la protesta. El Tribunal Supremo español aborda estas cuestiones en su extenso dictamen. Martí sostiene que el Tribunal se equivoca en varios puntos.

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Martí hace una observación previa que se refiere a los aspectos formales del dictamen del Tribunal. Afirma que es «revelador» que el Tribunal «dedique menos de 40 páginas a describir los hechos probados del caso, y sólo 10 páginas a justificar la acusación de sedición, mientras que dedica 193 páginas, el 40% de todo el texto, a argumentar que no se ha vulnerado ningún derecho fundamental de los acusados durante el proceso». Afirma que el Tribunal ha emitido una «sentencia defensiva», como si los jueces estuvieran preocupados por los recursos ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.